La irrupción de las nuevas tecnologías en la denominada sociedad de la información ha cambiado los modos y maneras de crear, difundir, distribuir contenidos, de acceder y de compartir los mismos por parte de los usuarios. Ese nuevo escenario ha supuesto que las normas reguladoras de la propiedad intelectual y del copyright, que se han aplicados a entornos analógicos se hayan visto obligadas a adaptarse a estas nuevas necesidades.
Generalmente, se entiende por derechos de autor aquellos derechos del autor, para controlar el uso que se hace de su obra. Pero no existe una idea uniforme sobre el alcance y el contenido concretos de esos derechos. Las tradiciones anglosajona y europea conciben esos derechos de forma distinta.
Mientras en el mundo anglosajón predomina una concepción utilitarista de los derechos de autor, en Europa se ha adoptado un enfoque que los concibe como derechos de la persona.
J.A.L. Sterling ha resumido las principales diferencias entre los derechos de autor europeos y el copyright norteamericano:
1. Se dice que el sistema de copyright está fundamentado básicamente en consideraciones económicas, mientras que el sistema de derechos de autor está vinculado a un concepto de derecho de la personalidad.
2.En el sistema de copyright, es posible que el autor sea tanto una persona física como jurídica, mientras que en el ámbito de los derechos de autor se entiende que se trata siempre de una actividad surgida de una persona natural.
3. En el sistema de copyright el reconocimiento legal de derechos morales del autor ha tenido un lento desarrollo. En cambio, en el sistema de derechos de autor, los derechos morales ocupan una posición preeminente y existe una tradición de alto nivel de protección de tales derechos.
4. La fijación en forma material de la obra es generalmente esencial en el sistema de copyright. En el de derechos de autor no es, en cambio, precisa para la protección de la obra.
5. Cuando se trata de obras cinematográficas, en el sistema de copyright el propietario inicial del copyright puede ser una persona jurídica -por ejemplo, una compañía productora-, pero en el sistema de derechos de autor tienen que ser las personas que han contribuido a la creación de la obra.
6. En el sistema de copyright el empresario puede ser el inicial propietario del copyright, mientras que en el de derechos de autor, la regla general es que el empleado es el inicial propietario del derecho de autor, aunque pueda este ser cedido, mediante contrato, al empresario.
7. No es normal en el sistema de copyright que los contratos contengan previsiones muy detalladas sobre la publicación, mientras que tales regulaciones pormenorizadas son regla en el sistema de derechos de autor.
8. En cuanto a los derechos conexos a los de autor, en Estados Unidos solo los trabajos originales de autor se protegen mediante copyright. Los derechos conexos gozan de una protección minorada o incluso, a veces, de ninguna en especial. En el sistema de derechos de autor, en cambio, está generalmente clara la distinción entre derechos de autor en las obras de creación y los derechos conexos o vecinos de los ejecutantes, productores de fonogramas, productores televisivos u otros.
Milad Douehi en su libro «La Gran Conversión Digital» plantea una idea con la cual me identifico totalmente y en la que no sólo nos habla de una “fractura digital” de tipo socioeconómico, sino que además nos encontramos con lo que este autor denomina como «fractura jurídica», refiriéndose en ambos casos a los modelos de copyright y de la propiedad intelectual existentes y que no saben como abordar los legisladores, presionados por lobbies de las industrias de los contenidos.
En este sentido para apreciar la fractura jurídica, es necesario comprender la cultura digital, cosa que muchos legisladores desconocen. Un entorno -que a su juicio- funciona dentro de un conjunto de herramientas asociadas, de modos de acceso a dichas herramientas y de transferibilidad las mismas que la legislación desde una concepción tradicional –desde el ámbito jurídico-. Donde la ley se esfuerza por alcanzar a la técnica, bajo un marco jurídico y conceptual que su funda bajo conceptos que no tienen en cuenta el ámbito tecnológico y que se sustenta bajo una premisa de cultura analógica que no es capaz de entender las prácticas culturales digitales, que por su naturaleza son diferentes y por tanto, el legislar sobre ellas, debe partir de una premisa básica: no se puede medir con el mismo rasero legislativo las prácticas culturales analógicas, que las prácticas culturales digitales. La complejidad de lo digital ha generado, más allá de la brecha generacional, una nueva estructura de clases sociales: los meros usuarios y aquellos capaces de crear, manipular y transformar contenidos. Los usuarios quedarían a merced de los manipuladores y creadores de la cultura digital.
De la misma manera, la noción de propiedad intelectual o la de vida privada estarían sufriendo una lenta y continua modificación. Al mismo tiempo, la interacción entre lo digital y lo político no hace sino producir conflictos relativos a la credibilidad y legitimidad de los actores de la vida política.
Bajo este contexto, países como Francia, el Reino Unido y otros se han visto en la urgencia de poner al día sus marcos jurídicos, lo que ha supuesto una serie de controversias a las cuales España no ha estado exenta.
Primero el controvertido «canon digital» que técnicamente consiste en una compensación por la copia privada que la ley permite hacer para uso personal. Se considera que dicha copia conlleva una pérdida económica para el titular de los derechos de autor. En contrapartida se establece un gravamen sobre los dispositivos idóneos para realizar reproducciones,como los son equipos, aparatos y soportes, con el consiguiente gravamen para el consumidor de dichos soportes. Mientras que en la actualidad se encuentra candente la denominada Ley Sinde.
Esta ley se encuentra inserta bajo el paraguas de la denominada Ley de Economía Sostenible un documento que incluye medidas en varios ámbitos con las que el Gobierno del PSOE pretende impulsar un cambio del modelo productivo español, inserto en la peor crisis económica de la democracia.
A través de la Disposición final cuadragésima tercera se introducen una serie de cambios que afectan al concepto de la propiedad intelectual en las siguientes leyes:
1. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
2. El Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
3. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Esta ley y sus modificaciones en el sistema jurídico español han servido para plantear los siguientes problemas:
1º. Se argumenta por numerosos sectores que se vulnera un derecho y libertad fundamental en España: la libertad de expresión. Que un organismo administrativo designado por un Ministerio (en nuestro caso, el de Cultura) formado por personas que no se conocen públicamente, con facultades que se desconocen y que se les otorgan poderes que atentan con el sistema jurídico español. Además la actuación del juez en todo el proceso se limita al derecho de autorizar o no aquello que la comisión determinó.
2º. El origen de esta ley se gestó y redactó a partir de fuertes presiones de lobbys estadounidenses representantes de las industrias audiovisuales.
3º.La ley muestra una falta de claridad con respecto a sus límites.No queda claro qué se penalizará y qué no.
4º. La existencia de una lista negra sólo controlada por la Comisión de la Propiedad Intelectual.
Recientemente se ha puesto a la venta un texto titulado cómo: Manual de desobediencia a la Ley Sinde. Este tiene como principal objetivo el demostrar la ineficacia radical de la Ley Sinde desde un punto de vista práctico.
El texto va destinado a los usuarios y webmasters donde encontrarán los métodos más útiles para sortear las barreras de la censura propuesta por esta ley.
La asociación de internautas, o el colectivo denominado como «Hacktivistas.net» han sido algunas de las iniciativas más beligerantes contra esta ley, siendo este último colectivo el autor anteriormente mencionado manual, con la vista puesta en que la primera web que sea cerrada por vía judicial, se convierta en la más popular de la red, con la idea de que sus contenidos, lejos de desaparecer, se expandan inundando la red.
http://cultura-abierta.blogspot.com/2011/04/semana-10-propiedad-intelectual-y.html